Pronunciado: El 10 de julio de 1972.
Versi�n digital: Eduardo Rivas, 2015.
Esta edici�n: Marxists Internet Archive, 4 de
febrero de 2016.
Hace algunos meses, al dirigirme al pa�s, como lo he venido haciendo peri�dicamente, inform� acerca de los acontecimientos pol�ticos m�s trascendentes del momento, adelant� algunas consideraciones sobre otros, entonces en gestaci�n, y advert� que, de concretarse �stos, tendr�an graves consecuencias en la vida democr�tica nacional. En efecto, en las �ltimas semanas se han sucedido acontecimientos de relevancia para Chile. Han sido la culminaci�n de hechos anteriores y, a su vez, van a influir en el futuro de nuestra convivencia.
Frente a las profundas transformaciones que est�n siendo llevadas a cabo por el Gobierno Popular, los poderosos intereses econ�micos capitalistas afectados no han cejado en su prop�sito de preservar su dominio y detener la acci�n revolucionaria de los trabajadores. Las grandes empresas del imperialismo, cuyas pertenencias en Chile hemos recuperado para la Patria, han ensayado, est�n buscando y continuar�n intentando minar las bases de nuestro Gobierno por diferentes medios, incluida la provocaci�n de una crisis econ�mica y sin importarles el derramamiento de sangre de nuestros compatriotas. Esto, hasta hoy, demostrado plenamente y comprobado con documentos para esc�ndalo del mundo entero.
Nuestra experiencia revolucionaria concentra sobre Chile las esperanzas de muchos pueblos, pero, tambi�n, concita los temores del capitalismo mundial. M�ltiples medidas han sido adoptadas para perjudicamos. Algunas las conocemos, como la presi�n ininterrumpida sobre el Gobierno norteamericano, para que se emplee a fondo en aniquilar nuestra democracia o para que suprima bruscamente los cr�ditos necesarios para importar tantos y tantos bienes indispensables para nuestra econom�a. Desde materia prima para telas hasta repuestos y autobuses para el transporte colectivo. Pero, �qu� duda cabe que s�lo hemos identificado una m�nima parte de los hechos?
Cada cierto tiempo es la propia prensa de los Estados Unidos la que se encarga de demostrarnos a nosotros los chilenos que el tal plan de intervenci�n contra la Patria fue organizado en 1970, 1971, o en el presente a�o.
A medida que pase el tiempo aparecer� m�s evidente la temible maquinaria internacional que nuestro pueblo tiene que vencer. Hora tras hora debemos continuar avanzando por el duro camino de recuperar nuestros recursos b�sicos y establecer la democracia econ�mica. Si bien los documentos de la conspiraci�n del capitalismo internacional son publicados en el exterior, sus efectos los estamos sintiendo aqu� todos los d�as.
Hace apenas una semana uno de los m�s importantes peri�dicos de los Estados Unidos, el New York Times, revel� el programa entregado en octubre pasado por la ITT al Gobierno de ese pa�s, para crear las condiciones que desencadenaran un golpe de Estado antes de abril.
Comprend�a diversas medidas: desde provocar la crisis econ�mica hasta retardar el suministro de combustible para las Fuerzas Armadas y precipitar un enfrentamiento violento entre el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo.
El plan lo conocemos ahora. Pero el intento frustrado del golpe tuvo lugar el pasado mes de marzo, como el Gobierno oportunamente denunci�. Hace poco, uno de los conspiradores, as� lo reconoci� p�blicamente tras su fuga a Bolivia, develando lo que tercamente negaron pol�ticos de oposici�n y la prensa adicta a ellos, despu�s de nuestra denuncia.
Es mi deber rechazar, interpretando el sentido patri�tico de la gran mayor�a de los chilenos, todo intento de injerencia for�nea en los asuntos internos. Pero es tambi�n mi obligaci�n preservar la convivencia y el r�gimen democr�tico, as� como prevenir acerca de los conflictos artificialmente provocados que los pueden afectar.
Recordemos que entre diciembre y enero la mayor�a de oposici�n en el Parlamento lleg� a violar hasta cuatro veces la Constituci�n, negando las facultades m�s importantes con que cuenta el Presidente de la Rep�blica para poder gobernar. Se lleg� hasta el extremo de exigir a los Ministros responsabilidad pol�tica ante el Congreso, cuando constitucionalmente s�lo responden ante el Presidente. Se cuestion� el derecho del Jefe del Estado de designar discrecionalmente a los Ministros. Se quiso negar al Gobierno parte de la libertad de acci�n para elaborar el presupuesto nacional. Por �ltimo, se pretendi� desconocer la calidad de colegislador del Ejecutivo al calificar sus vetos a la Ley de Arrendamientos.
De esta manera, durante los meses de enero y febrero, nuestra Constituci�n, de estructura presidencialista, experiment� el grave peligro de ser demolida en su esencia y transformada en parlamentaria.
El Gobierno defendi� la Carta Fundamental, la oposici�n se obstin� en atropellarla imponiendo su mayor�a de votos en el Congreso. Tuvo que intervenir el Tribunal Constitucional para resolver el conflicto, dando plena raz�n al Gobierno, y tuvieron que intervenir los Tribunales de Justicia para absolver a Jos� Toh�, Ministro del Interior, demostrando as� el acto ileg�timo y pol�tico en que hab�a incurrido la oposici�n al aprobar la acusaci�n constitucional en su contra.
Durante este artificial enfrentamiento entre el Congreso y el Gobierno, el sistema pol�tico de nuestro pa�s se vio amenazado en sus pilares fundamentales. Aquellos acontecimientos encerraban una extraordinaria gravedad para la plena vigencia del sistema democr�tico.
Como primer responsable del buen funcionamiento de nuestras instituciones, garant�a de paz y orden entre los chilenos, me entregu� a fondo en la defensa de la Constituci�n, requisito para que el proceso revolucionario avance por el camino pluralista y democr�tico que nos hemos trazado.
�Qu� est� pasando en nuestro pa�s? Algo f�cil de entender: quienes nunca han abandonado la ilusi�n de un golpe y ans�an la lucha fratricida como medio de preservar la propiedad privada de las grandes empresas, de bancos y latifundios, de mantener su privilegios de clase, han sacado experiencia de sus fracasos, e intentan, ahora, alcanzar el mismo objetivo destruyendo las instituciones democr�ticas.
Para ello han querido atar al Gobierno de pies y manos bajo la m�scara protectora de los votos en el Congreso. En cinco oportunidades ha ensayado la derecha reaccionaria destituir a Ministros de Estado. Una sola vez llegaron a la destituci�n, para encontrarse con que los tribunales la desautorizaban y se pronunciaban en favor del Gobierno.
De nuevo ahora, en forma abusiva, usan de la mayor�a de votos en el Congreso para dificultar que un trabajador, Hern�n del Canto, contin�e siendo Ministro del Interior. Y, simult�neamente, desafueran al Intendente de Santiago, Alfredo Joignant.
Ministro del Interior e Intendente de Santiago, eficientes, correctos e id�neos funcionarios, son atacados por negarse a usar la fuerza p�blica para reprimir a obreros y campesinos, a aquellos de nuestros conciudadanos en situaci�n m�s postergada y explotada.
Pues bien, que lo sepan de una vez por todas quienes siempre han reprimido a los trabajadores: por m�s votaciones que haya en el Congreso, mi Gobierno continuar� protegiendo a los pobres y castigando la insolencia prepotente de los poderosos, cumpliendo con la ley y nuestra conciencia revolucionaria.
Debo, sin embargo, manifestar que m�s all� de las confrontaciones en tomo de cada uno de los conflictos que se vienen sucediendo, se desarrolla un fen�meno de mucha mayor significaci�n. Un r�gimen institucional es s�lido en la medida que la mayor�a de los ciudadanos crea en �l.
La utilizaci�n que la oposici�n hace del Congreso para acusar a miembros del Gobierno no s�lo viola abiertamente la Constituci�n, sino que desvirt�a las tareas que son propias del Parlamento, llev�ndolo al desprestigio, por los mismos que dicen enaltecerlo.
En estos momentos, cuando tantos y tantos problemas urgentes tenemos que resolver, jugar a derribar Ministros sabiendo que legalmente yo los puedo volver a nombrar ma�ana, es distraernos de lo fundamental para caer en la irresponsabilidad ciega, aunque me asalta el temor de que no sea tan ciega esta irresponsabilidad.
Baste recordar el plan dise�ado por un pol�tico tenebroso y aceptado por otros de querer acusar al propio Presidente de la Rep�blica.
Unos conspiran y otros quieren dar rodaje constitucional a la sedici�n.
La escalada ha sido clara: en primera instancia, paralizar la acci�n del Gobierno. Detener el proceso de cambios, en segunda. En tercera instancia, cuestionar la misma naturaleza del poder que ejerce el Jefe de Estado.
Yo invito a todos los chilenos a reflexionar sobre la din�mica en que est�n movi�ndose los privilegiados de ayer, los capitalistas de dentro y de fuera.
La crisis pol�tica que quisieron provocar el pasado mes de enero habr�a sido insoluble si el Tribunal Constitucional no hubiera arbitrado de acuerdo con el mandato que le impone la Ley Suprema de la Rep�blica.
En febrero, al aprobar el Congreso un Proyecto de Reforma Constitucional, quiso de nuevo la oposici�n negar las facultades legales del Presidente de la Rep�blica.
Pero para que el conflicto de poderes no tuviera esta vez soluci�n conforme a la Carta Fundamental, personeros de la mayor�a del Congreso se han anticipado a negar la competencia del Tribunal Constitucional.
�Qu� buscan por este camino? No es otra cosa sino desconocer la fuerza del derecho y de la ley.
Pero esto deja al pa�s al borde del enfrentamiento. �Es esto es lo que buscan?
Que el Congreso quiera inhabilitar a un tribunal independiente, �nico capaz de decidir si es competente o no, es exactamente equivalente a que el Gobierno inhabilite a otro tribunal independiente como es la Corte Suprema.
Si hoy el Congreso desconoce al Tribunal Constitucional, porque no quiere someterse a su arbitraje, conforme a su derecho, y si ma�ana el Gobierno tomase pie en este precedente y desconociera a la Corte Suprema, �qu� quedar�a en Chile del r�gimen de derecho? Nada, absolutamente nada.
Con los tribunales inhabilitados, cada cual tendr�a que verse sometido al solo l�mite de la fuerza que los dem�s podr�an imponerle. Significar�a, sencillamente, acabar con la organizaci�n c�vica de nuestra Rep�blica, mientras se consolidaba quien m�s capacidad de violencia demostrase.
Con su actitud, cierto sector de la oposici�n est� buscando un enfrentamiento entre Gobierno y Parlamento, as� como provocar una situaci�n semejante entre Gobierno y Poder Judicial.
Desean llevar al pa�s a una crisis total.
Pero no es esto lo que la gran mayor�a de los chilenos quiere. Yo he sido elegido Presiente de la Rep�blica para dirigir la Revoluci�n, no para dejar resbalar el pa�s en la anarqu�a. Yo soy Presidente, porque el pueblo y la Constituci�n as� lo imponen.
Por eso, mi deber es defender la Constituci�n, para que el pueblo chileno contin�e adelante su esfuerzo de liberaci�n y progrese en paz.
Pero no basta con tener la raz�n del derecho y la fuerza del Gobierno. Para asegurar las condiciones de la convivencia entre nuestros compatriotas se requiere la suma de voluntades coincidentes de todos aquellos que juntos significan la inmensa mayor�a de la naci�n.
S� bien que los interesados en acumular hechos que progresivamente vayan dividiendo a nuestro pa�s en dos bandos irreconciliables son una despreciable minor�a. Despreciable en su n�mero y, sobre todo, en la mezquindad de su ego�smo.
Tras los partidos de oposici�n, m�s all� de ellos, hay muchos campesinos, obreros, trabajadores independientes, empresarios o medianos propietarios absolutamente contrarios a que se impongan los torvos designios del capitalismo for�neo o criollo. Por esta raz�n, aunque legalmente el Gobierno dispone de las facultades para no promulgar y, por consiguiente, no dar validez jur�dica a una reforma que la oposici�n en el Congreso despachar�a indebidamente -al desconocer normas constitucionales sobre tramitaci�n parlamentaria de los vetos-, no quise limitarme a esperar la oportunidad de ejercer las atribuciones que la Constituci�n otorga al Presidente de la Rep�blica.
Por iniciativa personal invit� al di�logo sobre la materia en litigio y busqu� un acuerdo que hiciera innecesaria la imposici�n del respeto a la Constituci�n por la v�a de la autoridad. En las presentes circunstancias del desarrollo del proceso revolucionario, pocos hechos encierran mayor riesgo para la estabilidad de las instituciones democr�ticas en Chile que el desajuste entre la realidad socioecon�mica, por un lado, y las formas jur�dicas, por otro.
Como manifestara en mi segundo Mensaje al Congreso el pasado 21 de mayo: “No es realista pensar que el principio de legalidad y el estado de Derecho puedan dejar de cumplir la funci�n ordenadora y din�mica que les debe ser propia, para convertirse en una barrera al desarrollo social. Si tal cosa ocurriera, las fuerzas del cambio se impondr�n.
Pocos peligros m�s graves acechan a nuestro r�gimen institucional que la rigidez o lentitud de los cambios jur�dicos, en medio del actual per�odo de transformaciones aceleradas. Por eso el Gobierno no cejar� en impulsar la actividad legislativa de modo correspondiente a las exigencias de la realidad”.
Conscientemente para algunos, o inconscientemente para otros, la Reforma Constitucional que intenta imponer la oposici�n en el Congreso es una carga explosiva de alcance ilimitado para nuestra convivencia ciudadana y nuestro desarrollo econ�mico-social.
Compatriotas: Les pido tengan la ecuanimidad de considerar fr�amente lo que les expongo. La Reforma no s�lo procura negar el hecho irreversible de que las m�s importantes empresas han alcanzado el nivel hist�rico de ser propiedad de todos los chilenos y no de unas personas individuales. Por eso, su direcci�n est� en manos de los trabajadores de cada empresa y del Estado, y no de dom�sticos del capital.
La Reforma no s�lo intenta fijar, inmovilizar la marcha de los trabajadores contra los mecanismos capitalistas del actual r�gimen econ�mico.
En otros t�rminos, no s�lo quiere negar el presente y cerrar el futuro socialista para nuestra econom�a, sino que, lo que es m�s temerario, el texto aprobado por la oposici�n es v�ctima del espejismo de querer hacer retroceder el reloj del tiempo.
Vana ilusi�n, en la que siempre han incurrido los sectores superados por la Historia.
En este caso, sin embargo, sostengo que es una pretensi�n temeraria, porque la oposici�n llega hasta el absurdo de querer suprimir las facultades que las exigencias de nuestra econom�a han confiado al Estado.
Valga un solo ejemplo: la CORFO, espina dorsal de la industrializaci�n de Chile -legado del Presidente Aguirre Cerda- deber�a tener, seg�n ese texto, menos facultades ahora que en 1939.
Vana pretensi�n la de negar las leyes b�sicas de la econom�a. No es el Gobierno quien se ha dado las atribuciones de la CORFO, sino que es la estructura y la din�mica de la econom�a de Chile la que ha generado las diversas atribuciones legales encomendadas al Estado y que la Reforma quisiera suprimir.
Los capitalistas llegan, en su af�n, hasta a querer negar lo que la realidad impone.
El modelo econ�mico subyacente en la Reforma aprobada por el Congreso estar�a, en los hechos, irremediablemente condenado a fracasar. Pero este fracaso implicar�a una perturbaci�n en el funcionamiento de nuestra econom�a, que sumir�a al pa�s en la m�s incontrolable de las cat�strofes.
No estamos dispuestos a que los propietarios privados de noventa y una empresas y que representantes pol�ticos arrastren nuestra econom�a a situaciones objetivamente desastrosas, para impedir que la clase trabajadora adquiera la propiedad de los medios de producci�n fundamentales.
Tampoco estamos dispuestos a tolerar que la Constituci�n sea negada para dar gusto a los empresarios. Y no estamos dispuestos a ello porque el desconocimiento de la Constituci�n significar�a empujar al pa�s por una pendiente que empieza en la crisis pol�tica del enfrentamiento de poderes y no sabemos d�nde termina.
Los trabajadores y todos los chilenos pueden estar tranquilos. El Gobierno mide en su real alcance el juego de los capitalistas y har� uso de todo su poder para impedirlo.
Puedo afirmar que en mi esfuerzo por dialogar con aquellos que estando en la oposici�n sostienen ser partidarios de los cambios -y hasta del socialismo-, el Gobierno hizo todo lo posible para llegar a un entendimiento, sin otra condici�n que preservar el respeto a las exigencias del desarrollo del pa�s y a la Constituci�n.
El Ministro de Justicia ha hecho p�blicos los pormenores de la negociaci�n. Por mi parte, puedo asegurar a los trabajadores simpatizantes de la Democracia Cristiana que cuando este partido concret� lo que entend�a por “Empresa de Trabajadores”, el Gobierno mostr� su conformidad con ella. Que la clase trabajadora sea due�a de los medios de producci�n y no servidora del capital es lo que define al socialismo.
Tras varias semanas de conversaciones, llevadas con toda responsabilidad y consecuencia program�tica por los personeros de Gobierno, me es posible afirmar que se lleg� virtualmente a un acuerdo general con la directiva m�xima del Partido Dem�crata Cristiano, hasta el punto de que, en la tarde del d�a cinco, acept� el retiro de algunos vetos y el env�o de un Proyecto de Ley sobre el cual exist�a un principio de acuerdo.
En ese momento, ciertos parlamentarios opositores impidieron la concreci�n de este acuerdo.
No corresponde al Gobierno entrar en los problemas internos de definici�n del Partido Dem�crata Cristiano. S� est� porque las empresas sean de los trabajadores, como su directiva acord� con el Gobierno, o porque los monopolios textiles sean propiedad de empresarios privados, como sostuvo en el Senado uno de sus parlamentarios, tras el quebrantamiento del acuerdo con el Gobierno, cuando afirm� que no podr�a haber empresas de trabajadores en el �rea textil, ya que �stas nunca hab�an dejado de ser propiedad de sus patrones.
Lo que s� compete al Gobierno es asegurar el normal funcionamiento del r�gimen democr�tico, que empieza por la plena vigencia de la Constituci�n, as� como tomar las medidas para que el desequilibrio entre la realidad revolucionaria en desarrollo y lo que la oposici�n capitalista pretende imponer en el Congreso lleve al pa�s a una situaci�n de caos incontrolable.
La Constituci�n ha previsto los mecanismos para dirimir estos diferendos y darles soluci�n.
Cuando el Congreso aprueba un proyecto de ley, el Presidente puede interponer su derecho de veto y pedir la supresi�n o sustituci�n del texto. El Congreso s�lo puede imponer su voluntad sobre el Presidente si dos tercios de los parlamentarios insisten en su posici�n. En caso contrario, prevalece el veto del Jefe del Estado y desaparece el texto aprobado por el Congreso.
Este mecanismo se aplica cada d�a en la elaboraci�n de todas las leyes.
De imponerse el criterio sustentado por la mayor�a opositora, resultar�a el absurdo que para impedir la posibilidad del veto presidencial se legislara sobre cualquier materia, aun la m�s nimia, como ser�a cambiar el nombre a una calle a trav�s de la Reforma Constitucional. En tal caso, y de acuerdo con este mismo criterio, el Jefe del Estado se ver�a obligado a la grotesca soluci�n de llevar a plebiscito si se cambia o no el nombre de esa calle.
Resulta pues obvio que el mecanismo de los dos tercios, vigente para toda la Ley Ordinaria, con mayor motivo rige en los proyectos que afectan a la Constituci�n, la Ley Suprema del pa�s.
El Gobierno impondr� el acatamiento a la Carta Fundamental y en esta oportunidad, como siempre, observar� sus normas.
Cuando llegue el caso de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la cuesti�n t�cnico-jur�dica de interpretaci�n de la Constituci�n, impondr� el respeto a lo que resuelva, sea cual fuere su fallo.
Quien pretenda que yo desconozca la procedencia de recurrir al Tribunal Constitucional, desea que yo viole la Constituci�n. Lo que no har�, pues �sta tiene en el Presidente de la Rep�blica a su m�s alto garante y defensor, lo que me exige permanente vigilancia e intransigencia en su aplicaci�n.
De acuerdo con la Carta Fundamental, la convocatoria a plebiscito es atributo exclusivo del Jefe del Estado.
Siempre he dicho que llamar� a plebiscito, pero cuando, siendo procedente, lo estime oportuno, y sobre la materia que considere pertinente consultar al pa�s.
Es ilusi�n pensar que vaya a ceder ante cualquier presi�n que suponga infringir, aunque s�lo sea por omisi�n, las disposiciones constitucionales. La paz y el progreso de los chilenos, la continuidad, desarrollo del r�gimen democr�tico, la garant�a del proceso revolucionario nacional est�n por encima de los intereses de los propietarios de bancos, latifundios y grandes empresas, as� como de sus portavoces en la pol�tica y, tambi�n, por cierto, muy por encima de las insidias del poder capitalista extranjero.
En el momento de las definiciones es cuando cada cual demuestra qui�n es y d�nde est�.
Cuando la oposici�n usa al Congreso para defender a los patrones, los trabajadores en el Gobierno saben actuar como corresponde.
Siempre he sostenido que mi Gobierno, el de la Unidad Popular, es el Gobierno de los Trabajadores, no el de los empresarios.
Es ahora cuando mi Gobierno demuestra con qu� clase social se identifica, cuando hay que pronunciarse a favor o en contra de que la clase trabajadora sea due�a de las empresas fundamentales del pa�s.
La mayor�a opositora est� convirtiendo al parlamento en una barrera contra los cambios, ha frustrado el di�logo sobre el modo de realizarlos y ha dicho simplemente: “Basta de acuerdos; las empresas son de propiedad de los patrones, no de los trabajadores”.
Pues bien, el Gobierno dice: “No. Las empresas monop�licas y estrat�gicas que hemos individualizado han pasado ya o pasar�n en un futuro inmediato a manos de los trabajadores”.
Este es el dilema fundamental dentro del cual gira nuestra vida p�blica.
En pocos meses m�s, en marzo del a�o pr�ximo, todos los chilenos est�n llamados a designar qu� fuerza debe ser mayoritaria en el Parlamento, si la de los trabajadores o la de los capitalistas.
Yo tengo la confianza de que la voluntad popular lograr�, entonces, que el Congreso, junto al Gobierno, defienda sin ambig�edad los intereses del pueblo trabajador.
Para la etapa que estamos iniciando, el Gobierno ha emprendido la preparaci�n de un nuevo C�digo del Trabajo; de una nueva ordenaci�n de la seguridad social; de una nueva ley de la Reforma Agraria; de un nuevo C�digo Tributario; el establecimiento de un Servicio Nacional de Salud �nico; la concreci�n de una profunda Reforma Educacional.
Estamos estudiando, por cierto, la elaboraci�n de una nueva Constituci�n que rija y ordene el funcionamiento de nuestra sociedad en el per�odo de transici�n al socialismo.
Oportunamente, todos estos proyectos de cambio fundamental ser�n sometidos al conocimiento, discusi�n y cr�tica del pueblo, para que tome conciencia de la importancia de la elecci�n de 1973 y el contenido material del proceso revolucionario.
En muy pocos d�as m�s enviaremos al Congreso proyectos como los de probidad administrativa y contra el delito econ�mico. Tambi�n el que reajusta los sueldos y salarios; y el que autoriza el conocimiento de las cuentas corrientes bancarias. Ya est� en el Parlamento el que hace p�blica la declaraci�n de la renta. Adem�s, ser�n enviados, asimismo, los proyectos que delimitan las �reas de peque�a y mediana industria, y la peque�a y mediana propiedad agr�cola e industrial, y el que define el concepto de familia para los efectos de la protecci�n de la propiedad familiar, as� como el que establece los Tribunales Administrativos.
En el aspecto social, vamos a enviar proyectos para crear el Fondo �nico de Pensiones, el Instituto Nacional de la Cultura y la Editorial del Estado; y el proyecto para impulsar la Educaci�n F�sica y el Deporte Popular. Vamos a modificar, igualmente, la Ley del Fondo de Auxilio Escolar y Becas.
En otro orden de cuestiones, antes de Navidad habremos terminado de organizar un nuevo servicio de patrullaje, realizado conjuntamente por Carabineros e Investigaciones, destinado a proteger a los ciudadanos contra los delincuentes comunes, particularmente en las poblaciones marginales. T�cnicamente, ser� sin duda uno de los mejores servicios de patrullaje de Am�rica Latina, y uno de los m�s perfeccionados del mundo.
Pedir� urgencia para que el Congreso se pronuncie sobre la nacionalizaci�n de la ITT. La dignidad de Chile exige el pronto despacho de la iniciativa de mi Gobierno.
Tomar�, adem�s, todas las medidas administrativas para impedir la participaci�n directa o indirecta de esa empresa transnacional en los asuntos internos del pa�s.
Dentro de poco solicitaremos del Congreso facultades para organizar la Administraci�n P�blica; necesitamos crear los Ministerios de Industria, de Transportes, de Comercio, de Importaci�n y Exportaci�n y de Planificaci�n, como asimismo la Subsecretar�a de Deportes, Educaci�n F�sica y Recreaci�n.
Pedimos esa facultad ya que tenemos la dura experiencia de la larga tramitaci�n de los proyectos que crean el Ministerio de la Familia y el del Mar, que llevan m�s de dieciocho meses de tramitaci�n en el Congreso.
Finalmente, debo reafirmar una vez m�s c�mo se est� viviendo la democracia pol�tica y c�mo se respeta su ejercicio. Nunca hemos negado el significado de las consultas electorales, desfavorables o favorables, y s�lo nos limitaremos a se�alar ahora que, d�gase lo que se quiera, el hecho es que en las �ltimas elecciones ha quedado bien evidente que en la CUT dos tercios de los trabajadores organizados del pa�s se identifican con la pol�tica del Gobierno y es l�gico pensar que por sentido de clase el otro tercio est� tambi�n por los cambios que impulsa el Ejecutivo.
Asimismo, el �xito de las candidaturas de izquierda en la Universidad T�cnica del Estado y el triunfo de la lista de izquierda de la Federaci�n de Estudiantes de la Universidad de Chile, est�n demostrando la amplitud del respaldo de nuestra juventud estudiosa al proceso de transformaciones que est� llevando a cabo el Gobierno de nuestro pa�s.
Las horas duras que vivimos y viviremos en el terreno econ�mico, como consecuencia del descenso extraordinario del precio del cobre, del alza del precio de las materias primas y de los repuestos, y ello ligado a la crisis monetaria del capitalismo precipitada por la devaluaci�n del d�lar, y la gran carga de la deuda externa no renegociada, a lo que se agrega el impacto de los terremotos y temporales en la producci�n agr�cola e industrial y las evidentes deficiencias de nuestra infraestructura, especialmente en los transportes, en todos los niveles, nos llevar� a dr�sticas medidas de orden econ�mico, a una verdadera pol�tica de guerra para derrotar al subdesarrollo.
El Gobierno no vacilar� en patrocinar estas medidas, pero para que ellas den resultados se requieren una compacta orientaci�n pol�tica y una centralizada conducci�n econ�mica.
Las medidas econ�micas estudiadas tienden a velar por los intereses de los sectores necesitados, a garantizar los derechos y expectativas de los medianos empresarios y, por sobre todo, a cautelar el desarrollo econ�mico de Chile.
Debemos hacer m�s y m�s integral la Unidad Popular, instrumento de los trabajadores. Esta mayor cohesi�n y la constituci�n del partido federado, son pasos muy positivos en el proceso revolucionario.
Debo destacar que la direcci�n de la Unidad Popular ha demostrado una amplia comprensi�n y apoyo a las concepciones estrat�gicas y t�cticas que debemos desarrollar. Del mismo modo, lo hemos hallado en la CUT y en las organizaciones juveniles.
De acuerdo con mi prop�sito de incorporar a la tarea por Chile a todos los chilenos que miran por la construcci�n de una sociedad m�s justa y m�s igualitaria, estamos patrocinando un compromiso con la mujer y con la juventud chilena: esto quedar� plasmado en la carta que establece los derechos de la mujer y del anciano, y la que fija los deberes y derechos de la juventud.
Debo insistir en lo que tantas veces he dicho: s�lo un pueblo disciplinado, organizado y consciente, afianzar� la revoluci�n y la har� progresar. Debo insistir en que hay que estudiar m�s, en que hay que trabajar m�s y producir m�s, para lo cual es fundamental la disciplina.
Los militantes y simpatizantes de la Unidad Popular no pueden prestarse a participar en tomas de edificios, oficinas, caminos, casas o predios agr�colas. No puede aceptarse la interrupci�n del trabajo, ni realizar tareas pol�ticas en las horas de labor.
Como, en otro orden de cosas, tampoco puede tolerarse ninguna injerencia pol�tica o partidaria que contradiga la l�nea jer�rquica organizada de los Ministros, Subsecretarios y Jefes de Servicios. Son los Ministros los responsables de la marcha administrativa de sus dependencias, y deben ejercer a plenitud sus facultades.
Estoy exigiendo p�blicamente la m�xima acuciosidad de todos los funcionarios en el correcto desempe�o de sus labores y tareas.
He pedido declaraci�n jurada de sus bienes a los Ministros y dem�s funcionarios de la confianza del Presidente.
Orden� un sumario a la Contralor�a acerca de los incidentes acaecidos en la Aduana de Arica y he puesto en ejecuci�n las medidas recomendadas por esa instituci�n; exoneraci�n de tres funcionarios, petici�n de renuncia a uno y traslado para otros.
He designado nuevo Gobernador de Arica y nuevo Superintendente de Aduanas, no por razones morales, sino de orden administrativo, en relaci�n con esos incidentes.
He ordenado dos sumarios en LAN-Chile y en esta semana ser�n conocidos por el Consejo de la Empresa, a fin de que se adopten las medidas pertinentes.
El Ministro de Econom�a ha dispuesto dos sumarios en SOCOAGRO, atendiendo la denuncia p�blica hecha por un militante de la Unidad Popular, lo que merece respeto porque asume la responsabilidad de haberla hecho.
Pero no quiero limitarme a cautelar la honestidad de la Administraci�n P�blica, sino que dando ejemplo, como corresponde a un Presidente de los Trabajadores, ser� el primer Jefe de Estado que entregar� al conocimiento del pa�s y de una Comisi�n Especial de la C�mara el resultado de la investigaci�n que yo mismo solicit� a la Contralor�a General de la Rep�blica, acerca del origen y naturaleza de mis bienes, de los de mi c�nyuge, de mis hijas y de mis hermanas; asimismo de las del personal de mi secretar�a.
Han sido reemplazados m�s de 15 funcionarios entre los mandos medios, y, de acuerdo con los Ministros respectivos, se reemplazar� a otros para hacer m�s eficaz la administraci�n del Estado.
De la misma manera que sancionamos o tomamos medidas para el mejor desarrollo de las tareas administrativas, no dejaremos en la indefensi�n a los funcionarios que son atacados en forma injusta y soez.
Hago un llamado a los partidos y movimientos sociales para que se impongan erradicar la violencia como instrumento pol�tico.
El Gobierno ha presentado un conjunto de indicaciones org�nicamente integradas al proyecto de iniciativa parlamentaria destinado a impedir la tenencia y el uso ilegal de armas. Ellas tienden a perfeccionar la legislaci�n vigente sobre la materia, a dar una mayor participaci�n a las Fuerzas Armadas y a la Justicia Militar en el control de su cumplimiento, y a evitar que se comprometa a las instituciones castrenses en aspectos de pol�tica contingente, como suced�a con el proyecto original.
Advertimos que ha habido, y hay, grupos antidemocr�ticos y fascistas que han conspirado y contin�an haci�ndolo, y ahora ensayan recurrir a la acci�n directa. El enfrentamiento de hace veinticuatro horas entre j�venes del Partido Dem�crata Cristiano y esos elementos confirma lo que he dicho.
No tolerar� la repetici�n de semejante procedimiento.
Los chilenos debemos esforzamos en preservar derechos y conquistas c�vicas, que a todo nos pertenecen.
Me he comprometido a hacer los cambios estructurales que Chile exige; a abrir el camino al socialismo en libertad, democracia y pluralismo. Lo vengo cumpliendo, y lo seguir� cumpliendo.
Los chilenos tenemos que entender que nuestros problemas los solucionamos nosotros mismos.
El patriotismo y la dignidad nos exigen, por lo tanto, rechazar toda injerencia for�nea.
El dilema de Chile est� ya claro que no es entre Democracia Cristiana y Totalitarismo. El dilema de Chile es entre los intereses chilenos y los del capital extranjero; es entre patriotas y antipatriotas; entre hegemon�a de los patrones o de los trabajadores.
Junto con la inmensa mayor�a de nuestros conciudadanos, reafirmo hoy mi fe en el pueblo y en nuestro futuro como naci�n independiente, digna y soberana.